La tranquilidad con que Antonia Munar presidenta del parlamento balear lanzaba besos a quienes la increpaban por su presunta participación en la malversación de 30 millones de euros refleja muy a las claras la preocupación que sienten los políticos ante una acusación de corrupción. Y es que estos, lamentablemente pueden estar tranquilos por dos razones, la primera porque la legislación penal les ampara por lo irrisorio de las sanciones penales –no olvidemos que en este caso los políticos legislan para ellos mismos y cualquiera de ellos podría verse envuelto en casos de corrupción- no es conveniente para ellos revisar las ridículas sanciones penales. La segunda porque la justicia es lenta, cuando finalice su caso, sino ha prescrito, los ciudadanos lo habrán olvidado y hasta habrán perdonado al político por el transcurso del tiempo y es que se juega con esta lentitud de la justicia y a veces hasta con la desgana en la persecución de los casos de corrupción, todo ello unido al tradicional hermanamiento entre justicia y poder político.
Todos los ciudadanos están de acuerdo en que el funcionamiento de la justicia es antediluviano, al menos en cuanto a lentitud y de eso se aprovecha todo delincuente incluido el político corrupto, su caso no va a ser inmediatamente juzgado con lo que el ciudadano se va olvidando del que se llevo el dinero de las arcas municipales y aunque se esté pidiendo el aumento de penas para casos de corrupción, lo más que saldrá de este último afloramiento masivo de casos, será como mucho un compromiso teórico de los partidos de luchar contra la corrupción que será olvidado a la primera de cambio. Ni tan siquiera verán necesario plasmar un pacto de Estado contra la corrupción, esperando que se calmen los sobresaltos cuando surjan otras preocupaciones al ciudadano.
No es posible que el político corrupto este amparado por una legislación penal que prevea para el caso de un concejal de urbanismo que haya promovido la concesión ilícita de una licencia urbanística, tan solo la inhabilitación temporal y condena al pago de una multa, cuando ha podido lucrarse con millones de euros a lo largo de su mandato y además no se contempla tan siquiera que devuelva el dinero defraudado. O el caso de que un alcalde condenado por prevaricación pueda continuar siendo parlamentario nacional o autonómico. Qué diferencia con Estados Unidos, allí si se pilla al político corrupto se tira 20 años en la cárcel y puede decir adiós a su vida política.
Los partidos políticos cuyo funcionamiento debería ser democrático, dista mucho de este mandato constitucional y tienen más déficit democrático que nuestra sociedad misma y así es imposible que militantes mejor preparados accedan a los cargos de responsabilidad interna de los partidos. Podría establecerse en este sentido un procedimiento de elecciones primarias para el establecimiento de listas electorales.
La corrupción es una lacra que se manifiesta en todos los partido políticos sin excepción, el incremento de los casos ha sido del 100% del 2008 al 2009 según datos de la fiscalía anticorrupción. El próximo año más de 300 políticos serán juzgados en España, la mayor parte por delitos relacionados con el urbanismo. ¿Es esto la punta del iceberg? Nadie se puede creer que no hay más de los que están. Una actuación que no sea implacable contra estos delincuentes puede ser el espejo donde se miren los políticos honestos.
La corrupción está adquiriendo tintes escandalosos, ha movido más de 4.000 millones de euros, en los últimos años, cantidad en la que se cifra lo sustraído en las Administraciones Publicas por políticos corruptos, es decir mueve mucho más dinero que la droga.
¿Que ha ocurrido en estos años para que el índice de percepción de la corrupción que publica transparencia internacional haya hecho descender a España hasta el puesto 32 siendo superada por países como Uruguay, Chipre, Estonia o Eslovenia?. El último barómetro del CIS también refleja que los partidos políticos y la corrupción preocupan más que el terrorismo de ETA. Todo esto no hace sino considerar a los ciudadanos que todos los políticos son corruptos mientras no se demuestre lo contrario, o peor aún que el que no es corrupto no lo es, solo porque no ha tenido la oportunidad de serlo.
El afloramiento de casos ha tenido que ver con la crisis de la construcción, todo ha sido cerrar el grifo por la crisis y desatarse los casos de corrupción, quizás han sido los constructores los que se han cansado de pagar el ominoso canon y han denunciado a sus próceres. Nada hay más execrable que el permanente saqueo de las arcas públicas, con esto el ciudadano no hace más que reafirmarse y percibir que en cualquier Ayuntamiento o Diputación de España donde se escarbe encontrara trazas de corrupción.
La paciencia que tiene la ciudadanía con los políticos corruptos es digna de encomio, sin embargo en Santa Coloma los vecinos ya intentaron tomar por la fuerza el Ayuntamiento de la localidad barcelonesa tras la detención de su alcalde, que denota un claro síntoma del hartazgo ciudadano. Pero claro, ¿que otra alternativa le ofrecen?. Si los dos grandes partidos que hay en España se reparten los mayores casos de corrupción. Tampoco los ciudadanos se quedan al margen de su culpa por reelegir a estos políticos, además de confiar más en la inocencia que proclama el corrupto que en la propia justicia que persigue este delito.. Tal y como suelen decir los políticos a todo el que se encuentra fuera de la ley. ¿Porqué no repiten que el Estado de derecho también terminará con los políticos corruptos?. Todos ellos antes o después acabaran en la cárcel.
¿Que se puede propugnar para paliar esta corrupción que podríamos tildar ya de generalizada?. Pues entre otras medidas directas el reforzamiento del Tribunal de Cuentas, auditorias independientes, denuncias ciudadanas, la publicación en prensa, y el acoso indiscriminado contra toda forma de corrupción, aislando al político corrupto incluso por los propios compañeros de partido implicándose en su buena imagen e indirectamente la existencia de una verdadera democracia interna en los partidos, reforma de la legislación penal incluido el agravamiento de penas para los casos de corrupción y la implantación de códigos de conducta.
Y corrupción no es solo la malversación o otorgamiento de licencias a cambio de dinero, también podemos considerar el nepotismo muy frecuente en todas las Administraciones Públicas, así como todo el lujo y despilfarro que envuelve a cualquier político aunque sea de un pequeño ayuntamiento, preocupado más de sus ingresos, de sus coches oficiales, regalos, viajes, de vivir bien su quizás corta vida de político en la cumbre, que de mejorar la vida de sus conciudadanos, importando muy poco que este no tenga trabajo e incluso mendigue por las calles en estos periodos de crisis. Poco caso hacen de Garcia de Enterria cuando decía que la Administración Pública es un ente ancilar del ciudadano y el político ha de considerar que no es más que eso, un esclavo del ciudadano.
